Esta semana
hemos tenido conocimiento de la enmienda parcial del Grupo Popular de la
Asamblea de Madrid al proyecto de los presupuestos de la Comunidad de Madrid
para 2018 mediante la que se pretende dotar progresivamente de financiación
para el servicio de orientación a los centros educativos privados sostenidos
con fondos públicos.
Desde la Plataforma ciudadana que impulsa la
Iniciativa Legislativa de los Ayuntamientos (ILA) por una Escolarización
Inclusiva lamentamos profundamente
que se plantee esta enmienda, ya que lejos de contribuir a la equidad en el
sistema educativo madrileño, redunda en
la desigualdad y en la desatención del alumnado que más lo necesita.
Los análisis
diagnósticos y los informes que llevamos haciendo públicos desde hace varios
años reflejan claramente cómo es la red de centros públicos la que acoge una
mayor diversidad de alumnado y la que presenta mayores necesidades de apoyo a
la inclusión. Por supuesto que se necesita un incremento en las plantillas de
los EOEP, y así lo proponemos en la ILA, siendo lo más lógico que este
incremento de recursos se destine allá donde se encuentran las necesidades
prioritarias. Externalizar financiación
para el servicio de orientación en centros privados concertados va a suponer,
por tanto, desviar unos recursos que se podrían destinar a reforzar los equipos
multidisciplinares de la red pública de orientación educativa, que tiene
mayores necesidades que atender. Recordemos, además, que la cantidad de
población que está atendiendo cada profesional de la red pública, está muy por
encima de las recomendaciones internacionales.
Asimismo,
pensamos que el incremento de las
plantillas en la red pública de orientación educativa y atención
multidisciplinar es imprescindible para que los y las profesionales de este
ámbito puedan contribuir eficazmente a construir una escuela más inclusiva
aportando todo su esfuerzo y conocimiento, no solo en la realización de
evaluaciones, sino también para la mejorar las culturas escolares, las
políticas organizativas de los centros y las prácticas dentro de las aulas. Los y las profesionales de la orientación
son clave en la transición hacia un modelo de educación inclusiva. Dicho
esto, abogamos por que sean siempre los
EOEP públicos los que determinen las necesidades educativas específicas de
apoyo educativo y los recursos materiales y humanos para dar respuesta a las
mismas.
Por último, si
lo que realmente se pretende es caminar hacia un sistema educativo
verdaderamente inclusivo, permítansenos las siguientes recomendaciones:
1. Cumplir
la Convención Sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad (CDPD), que forma parte de nuestro ordenamiento
jurídico desde 2008, y asumir la obligación que tiene la Comunidad de Madrid de
desarrollar sus normas educativas adecuándolas a esta norma de rango superior.
2. Frenar los procesos de segregación escolar que
se producen en la Comunidad de Madrid en virtud del artículo 24 de la CDPD.
3. Superar
el paradigma de la integración, donde era el alumnado quien se tenía que
adaptar al sistema, y adoptar
decididamente el paradigma de la inclusión en el que se trata de diseñar
desde el inicio un sistema accesible para todos tanto en lo concerniente a entornos, como en los propios currículos.
4. Abandonar
el paradigma clínico de la atención a la diversidad y asumir el paradigma de
los derechos humanos, asumiendo que todos los alumnos y alumnas pueden tener
necesidades de apoyo y que hay que cubrir estas necesidades en su contexto natural: la escuela ordinaria.
5. Plantear
un gran pacto por la Educación Inclusiva,
iniciando los trámites de la ILA por la Escolarización Inclusiva que ha sido
respaldada por 42 ayuntamientos que representan a cinco millones de madrileños
y madrileñas.
En conclusión,
hacemos un llamamiento a todos los grupos políticos de la Asamblea de Madrid
para que se opongan a esa enmienda y para
que faciliten la tramitación la ILA de
medidas prioritarias para la escolarización inclusiva, iniciando un debate
que dé lugar al profundo cambio que necesita el sistema educativo madrileño.
