POSICIONAMIENTO DEL GRUPO PROMOTOR DE LA ILA ANTE EL DEBATE ABIERTO SOBRE LA EDUCACIÓN ESPECIAL
Desde
el grupo promotor de la Iniciativa Legislativa de los Ayuntamientos (ILA)
por una escolarización inclusiva queremos mostrar nuestra profunda
preocupación por las informaciones difundidas los últimos días en relación con
esta propuesta de ley, así como por la campaña de petición de firmas contra el
cierre de los centros de educación especial.
Según
dicha campaña, la Propuesta de ley de medidas
prioritarias para la promoción de la escolarización inclusiva en el ámbito de
la educación no universitaria en la Comunidad de Madrid -impulsada por 43 ayuntamientos, 233
entidades y aprobada por la Asamblea de Madrid con 80 votos a favor y 42
abstenciones- plantea la desaparición de los centros de Educación Especial, lo
que ha generado, como no puede ser de otra manera, una enorme preocupación y
malestar entre las familias y ciertos colectivos de la educación. Sin embargo, la
ILA no plantea en ningún apartado el cierre
de ningún centro educativo, ni específico ni ordinario. Por eso, una vez abierto el debate,
consideramos urgente expresar lo siguiente:
1.
La ILA nace con el fin último de hacer cumplir
el DERECHO FUNDAMENTAL DE LA INFANCIA A RECIBIR UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA. A
pesar de que el derecho de todas las personas a educarse en el sistema
educativo general sin ningún tipo de discriminación y con los apoyos necesarios
está amparado en nuestro ordenamiento jurídico desde el año 2008, con la
ratificación por parte del Estado Español de la Convención de las Naciones
unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, el actual sistema educativo no facilita
el ejercicio de este derecho. Recientemente, el Comité sobre los Derechos
de las personas con Discapacidad de la ONU ha denunciado que nuestro sistema educativo no respeta los
derechos de los niños y niñas, y que son necesarias iniciativas legales para
mejorar las escuelas ordinarias y avanzar hacia una educación inclusiva de
calidad.
2.
La ILA plantea esa transformación del actual
sistema educativo pero solo desde la prudencia y de forma paulatina, con la mirada
puesta siempre en las necesidades del alumnado, hasta conseguir que los
niños y niñas con diversidad funcional puedan sentirse igual de acompañados y
acogidos en la escuela ordinaria como lo están ahora en los centros de
Educación Especial. La sólida fundamentación jurídica y la jurisprudencia que
ampara el derecho a la educación inclusiva hacen que la transición hacia un
modelo más inclusivo sea imperativa, pero plantear la transformación de los
centros de Educación Especial sin asegurar previamente las condiciones
necesarias en el sistema común sería una irresponsabilidad, como también lo es
perpetuar el modelo educativo actual que vulnera sistemáticamente los derechos
humanos. Dicha transformación se ha hecho exitosamente en el plazo de
varios lustros en otros países, donde una parte del sistema de Educación
Especial ha transferido sus excelentes recursos y su buen hacer a los centros
ordinarios para atender adecuadamente a los niños y niñas con diversidad
funcional en estos contextos.
3.
En este proceso de transformación paulatino, la
ILA plantea aumentar los recursos y mejorar las culturas profesionales en
los centros ordinarios para facilitar la inclusión, sin que suponga una
reducción en los recursos para aquellos niños y niñas escolarizados en centros
de Educación Especial. Hoy día, la educación ordinaria y la educación especial
funcionan como un sistema de vasos comunicantes: cuantos menos recursos hay en
el sistema ordinario, es decir, cuando más segregadora es la escuela ordinaria,
más necesaria se muestra la modalidad de Educación Especial. Esta relación
queda demostrada con la simple observación de las significativas diferencias
existentes respecto a la implantación de la Educación Especial en las distintas
Comunidades Autónomas.
4.
La ILA nació desde las comunidades educativas y
se ha construido siempre desde el más profundo respeto a todas las familias,
independientemente de la modalidad de escolarización de sus hijos e hijas.
Lo que facilita esta ley es que las familias tengan realmente la opción de
elegir un centro ordinario para sus hijos e hijas y que no se vean abocadas a
irse a la educación especial porque en la ordinaria no se den las condiciones
adecuadas para cubrir las necesidades específicas de todo el alumnado. Por ello,
la ILA persigue asegurar las condiciones oportunas en la educación ordinaria
que garanticen no solo la presencia de la diversidad, sino también el máximo
bienestar y aprendizaje de todas las personas en las aulas comunes.
5.
Valoramos muy positivamente la labor que
realizan los profesionales de los centros de Educación Especial de nuestra
región y consideramos que tanto en la situación actual como en un futuro modelo
inclusivo estos profesionales son y serán siempre imprescindibles en el sistema
educativo.
6.
Consideramos que esta campaña de
desinformación solo persigue generar alarma social entre las familias de los
centros de Educación Especial para favorecer intereses ajenos al derecho a
la educación de niños y niñas.
7.
Por ello, solicitamos la retirada de dicha
campaña de recogida de firmas al entender que su argumentación es sesgada y
distorsiona el objetivo final de la ILA con el fin de influir negativamente
en el proceso institucional y democrático de tramitación de este proyecto de
ley impulsado por 43 ayuntamientos que representan a más de 5 millones de
personas.
8.
Al mismo tiempo, nos ponemos a disposición de
las familias o cualquier colectivo que crea que la ILA ataca a sus intereses
con el fin de debatir y construir juntos una sociedad inclusiva, empezando
por la infancia.
Grupo
promotor de la Iniciativa Legislativa de los Ayuntamientos por una
escolarización inclusiva
Grupo promotor
de la Iniciativa Legislativa de los Ayuntamientos
por una escolarización inclusiva
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