- Establece el diseño de la oferta de las plazas en los procesos de admisión del alumnado bajo criterios de equidad y calidad educativa, evitando la segregación social y académica del alumnado.
- La ILA cuenta con más de 160 asociaciones y entidades adheridas y se está trabajando para ser presentada en los plenos de 24 municipios de la Comunidad de Madrid.
Imagen del pleno municipal de Getafe aprobando la moción por escolarización inclusiva.
12 de mayo de 2017.- La Iniciativa Legislativa de los Ayuntamientos por una escolarización inclusiva comienza su camino hacia la Asamblea de la Comunidad de Madrid después de que tres ayuntamientos con más de 50.000 electores en conjunto (Getafe, Leganés y Parla) hayan aprobado en Pleno mociones que proponen una ley por la escolarización inclusiva a la Asamblea de Madrid, en cumplimiento de la Ley 6/1986, de 25 de junio, de Iniciativa Legislativa Popular y de los Ayuntamientos de la Comunidad de Madrid.
A la espera de que la moción sea aprobada en otros muchos municipios de la Comunidad de Madrid, el siguiente paso será la constitución de la comisión de alcaldes de los municipios interesados para trasladar a la Mesa de la Asamblea de Madrid la propuesta de ley. Una vez admitida por ésta, el procedimiento de su tramitación se regulará de acuerdo con el artículo 152 del Reglamento de la Asamblea.
Por una inclusión real en las aulas
La Iniciativa Legislativa de los Ayuntamientos de medidas prioritarias para la promoción de la escolarización inclusiva en el ámbito de la educación no universitaria en la Comunidad de Madrid -nombre completo de la propuesta de ley- persigue la inclusión en las aulas, a través, inicialmente, de los procesos de escolarización. Así, establece “el diseño de la oferta de plazas en los procesos de admisión de alumnos en los centros sostenidos con fondos públicos, que asegura el derecho a una educación de calidad para todo el alumnado, clarifica los criterios para establecer la oferta de plazas, evita activamente la segregación social y académica del alumnado, dispone una relación numérica alumno-profesor con criterios de equidad, garantiza recursos suficientes para la inclusión de alumnos con necesidades de apoyo ya sea por motivos económicos y sociales, además de los médicos o de otro tipo y promueve la transparencia en los procesos de escolarización”.
Se trata de poner freno a la segregación escolar según el origen social y la concentración de alumnado vulnerable en determinados centros educativos de la Comunidad de Madrid (especialmente públicos no bilingües). Sistemas educativos donde calidad e inclusión van de la mano, como el finlandés, demuestran que la ausencia de diversidad es obstáculo para alcanzar niveles suficientes de equidad, excelencia y, por tanto, calidad educativa. El análisis de evaluaciones internacionales como el informe PISA ponen de manifiesto que la Comunidad de Madrid, lejos de los sistemas educativos de calidad, es una de las regiones con mayor segregación escolar de Europa. Incluso la ECRI (European Commission against Racism and Intolerance), perteneciente al Consejo de Europa, en su cuarto informe referido a España (8 de febrero de 2011), explicita que los problemas de educación en nuestro país incluyen la distribución desigual de alumnado inmigrante y gitano-romá y la existencia de escuelas ‘gueto’, así como la de prácticas discriminatorias en el proceso de admisión, que permiten a los colegios concertados seleccionar alumnado. Es por ello que, en su recomendación 65, la ECRI propone que las autoridades españolas revisen el método de admisión de los alumnos en centros públicos y privados concertados y tomen otras medidas que puedan ser necesarias para garantizar una distribución equitativa de los alumnos.
Según los análisis realizados por los promotores de la iniciativa legislativa en el último año, en base a los datos oficiales publicados sobre escolarización de alumnos con necesidades educativas especiales en centros sostenidos con fondos públicos, se produce un patrón segregador en distintas localidades de la Comunidad de Madrid (Fuenlabrada, Móstoles, Getafe, Parla, Madrid…), como así explica José Miguel Martín: “No todos los centros sostenidos con fondos públicos acogen por igual al alumnado. Se están cerrando aulas en los centros con mayores tasas de alumnado vulnerable, por lo que se premia a los centros que excluyen, mientras que se castiga a los colegios que apuestan por la diversidad y la inclusión en sus aulas”.
Martín añade que “si las familias compran segregación es porque la Administración vende segregación”, por lo que esta iniciativa busca “potenciar la inclusión desde la propia planificación de la oferta educativa, siguiendo la lógica del respeto al derecho de todo el alumnado”. Es decir, actuar sobre los procesos de escolarización, donde se pueden incluir factores de equidad para lograr cambios a medio plazo en la cultura escolar de los centros.
El camino seguido hasta aquí
La iniciativa mantiene abiertos los cauces de participación de todos aquellos colectivos y entidades vecinales que quieran adherirse al proyecto a través del formulario que mantienen en su espacio virtual.
Hace más de un año que comenzó el trabajo por la escolarización inclusiva en Fuenlabrada. El movimiento ha ido avanzando con la realización de más de treinta asambleas donde los promotores de la ILA han explicado y detallado los objetivos de la misma a las más de 160 asociaciones o entidades que se han adherido a la propuesta. Gracias a este trabajo colaborativo, donde se ha tomado el pulso a la región en materia de inclusión, la ILA está presente en 23 localidades de la Comunidad de Madrid: Fuenlabrada, Móstoles, Getafe, Alcalá de Henares, San Sebastián de los Reyes, Rivas Vaciamadrid, Parla, Pinto, Leganés, Ciempozuelos, Aranjuez, Navalcarnero, Villalba, Alpedrete, San Fernando, Villaviciosa de Odón, Valdemoro, Torrelodones, Alcobendas, Majadahonda, Velilla de San Antonio y Galapagar, así como en varios distritos de Madrid.
Del mismo modo, la redacción de la propuesta de ley ha sido colectiva y revisada por expertos universitarios y juristas, mientras se continúa con el proceso de difusión y búsqueda de apoyos, que se concretan ya en 163 colectivos y entidades (Aquí desglosadas). Partiendo de un diagnóstico sobre la situación de inclusión en la Comunidad de Madrid el texto propone medidas concretas y proporcionadas para reforzar las plantillas y los equipos de orientación garantizando así el derecho a una educación de calidad a todo el alumnado.
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