martes, 14 de enero de 2020

LA ILP POR LA ESCOLARIZACIÓN INCLUSIVA YA SE ESTÁ TRAMITANDO

Tras la reactivación de la Iniciativa Legislativa de los Ayuntamientos 
por una escolarización inclusiva

La ciudadanía exige a la Asamblea de Madrid que garantice el derecho a la educación inclusiva 



● La Proposición de Ley PROPL 17/17 RGEP 10978 tiene su origen en una iniciativa legislativa de 43 ayuntamientos y 232 colectivos.

Madrid, 14 de enero de 2020.- El grupo promotor de la iniciativa legislativa de los Ayuntamientos por una escolarización inclusiva exige a los grupos parlamentarios que aprovechen la tramitación de la Proposición de Ley PROPL 17/17 RGEP 10978 para garantizar el derecho a la educación inclusiva a todo el alumnado de la Comunidad de Madrid. 

La región cuenta con la menor inversión por alumno/a de España, las mayores ratios docente-estudiante, una de las mayores tasas de repetición por vulnerabilidad económica, la segunda mayor tasa de segregación escolar por origen social de toda la OCDE y ratios de especialistas de atención a la diversidad por estudiante que multiplican por cinco las recomendaciones internacionales. 

A diferencia de otras regiones, Madrid carece de una legislación específica para promover la inclusión educativa, eludiendo su obligación de adaptar normativamente la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, ratificada por España en 2008. 

La ley en tramitación -cuyo origen es una iniciativa legislativa de 43 ayuntamientos y 232 colectivos de la región- fue aprobada en la Asamblea de Madrid en marzo de 2018 con los votos a favor de PSOE, Podemos y Ciudadanos, y la abstención del PP. Establece recursos docentes y formativos para la inclusión de todo el alumnado, una reducción de ratios en función del alumnado vulnerable y una planificación educativa transparente y con criterios de equidad. 


miércoles, 13 de marzo de 2019

7 mentiras sobre la educación inclusiva



      En los últimos tiempos existe un debate creciente entre quienes defienden la educación inclusiva y quienes se oponen a cualquier avance hacia un sistema educativo más inclusivo, escudándose en un supuesto desmantelamiento fulminante de los centros de Educación Especial. Buena parte de este debate se fundamenta en premisas falsas sobre la naturaleza y objetivos del movimiento por una educación inclusiva. Muchos de quienes se oponen a este movimiento han asumido que quienes defienden la educación inclusiva…

1. Quieren escolarizar a los niños y niñas en centros ordinarios a toda costa. Falso. 
Solo quieren hacerlo si estos centros tienen los recursos necesarios, la cultura escolar adecuada y la formación suficiente para su inclusión educativa; condiciones que actualmente resultan un imperativo legal según el ordenamiento jurídico español.

2. Quieren desescolarizar a niños y niñas ya escolarizados en centros de Educación Especial. Falso
Consideran que los cambios hacia la educación inclusiva deben realizarse de forma paulatina, respetuosa y garantizando el bienestar de los niños y niñas.

3. Quieren cambiar la modalidad de escolarización sin contar con la opinión de las familias. Falso
Consideran que la voz de las familias y de los niños y niñas es esencial en la toma de decisiones.

4. Consideran que las familias con hijos en centros de Educación Especial son peores padres y madres. Falso
Muchas de las familias que defendemos la educación inclusiva tenemos hijos o hijas en CEE y sabemos que, en la mayoría de las ocasiones, es la mejor opción porque, tristemente, es la única opción dada la falta de recursos y de cultura inclusiva en la escuela ordinaria.

5. Desprecian a los profesionales de los centros de Educación Especial. Falso. 
Consideran que son excelentes profesionales y que se debe contar necesariamente con ellos en el camino hacia un sistema educativo más inclusivo.

6. Se basan en información poco rigurosa. Falso. 
Hay numerosas investigaciones que avalan que la educación inclusiva promueve de forma más eficaz el aprendizaje y la autonomía de los niños y niñas.

7. Se posicionan en contra del derecho a la libertad de elección de las familias. Falso. 
Consideran que el derecho fundamental a la educación inclusiva de los niños y las niñas, consagrado en la Constitución Española, debe recogerse en toda la normativa educativa y garantizarse en la práctica, evitando que las escuelas ordinarias puedan rechazar a niños o niñas por motivo de discapacidad y en contra de la voluntad de sus familias. 


Independientemente de su origen, estos bulos se han extendido de forma peligrosa y es necesario combatirlos. Solo así podremos establecer un debate sosegado y libre de prejuicios, que contribuya a establecer medidas que garanticen el bienestar, la calidad de la educación y los derechos de todos los niños y las niñas de nuestro país.


Grupo promotor de la Iniciativa Legislativa por una escolarización inclusiva


Febrero de 2019

miércoles, 19 de septiembre de 2018

Comunicado de prensa

ILA ESCOLARIZACIÓN INCLUSIVA
COMUNICADO
El pasado mes de julio desde el grupo promotor de la Iniciativa Legislativa de los Ayuntamientos (ILA) que ha impulsado la proposición de ley 17/2017 RGEP, 10978 de medidas prioritarias para la promoción de la escolarización inclusiva se emitió un comunicado de prensa explicando nuestra posición acerca del falso debate sobre los Centros de Educación Especial y lanzando un mensaje de tranquilidad a las familias y a las personas que desempeñan su labor en dichos centros. Sin embargo, y dado que la escalada de injurias contra esta proposición de ley van en aumento, nos vemos en la obligación de reiterar cuatro puntos para mayor conocimiento de la opinión pública.


  1. La activación de la ILA por parte de los 43 ayuntamientos que representan a más de 5 millones de madrileños y madrileñas es un acto de responsabilidad y de compromiso democrático para adaptar la normativa educativa regional a las exigencias del ordenamiento jurídico nacional e internacional con el único fin de que se garanticen los derechos fundamentales de todo el alumnado. Concretamente se trata de adaptar la normativa educativa a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que se ratificó en España en 2008 y que se incumple sistemáticamente desde entonces. En su artículo 24 la Convención establece el derecho a la educación inclusiva, es decir, el derecho de todas las personas a escolarizarse en el sistema general de educación con los ajustes y apoyos necesarios. Frenar la evolución del sistema educativo hacia modelos más inclusivos supone perpetuar la vulneración de los derechos fundamentales de miles de alumnos y alumnas que se verán abandonados por la administración y obligados a defenderse en los tribunales como lo están haciendo hasta ahora. (Sentencia del Tribunal Supremo 14/12/2017)

2.            La activación de la ILA responde, además,  a un diagnóstico amplio y riguroso que refleja la deriva segregadora a todos los niveles que tiene la educación en nuestra región, tanto por motivos socioeconómicos, como por motivos de capacidad. La Comunidad de Madrid tiene una tasa  en torno al 20 % de escolarización de alumnado con necesidades educativas especiales (ACNEE) en Centros de Educación Especial, un dato muy superior respecto a otras comunidades autónomas como País Vasco o Navarra que no llegan al 5%; por no hablar de países como Portugal, Canadá o Italia que no alcanzan ni el 1% de escolarización de ACNEE en centros especiales debido a la implementación decidida y exitosa de políticas de educación inclusiva. Entendemos que estas grandes cifras no resulten significativas para las familias concretas de niños y niñas ACNEE que ya han sufrido durísimos procesos de exclusión, pero sí deberían hacer reflexionar a las entidades que están anteponiendo sus intereses particulares al imprescindible cambio educativo que tiene que darse en esta comunidad autónoma y en este país.

3.            La activación de la ILA es un ejercicio de prudencia, porque aunque creemos que la evolución hacia un sistema educativo verdaderamente inclusivo es imprescindible e irreversible, también sabemos que actualmente el sistema educativo ordinario no está preparado y dista mucho de ser  inclusivo, dejando la Educación Especial como único sistema de atención educativa para muchos niños y sus familias. Precisamente por ello, la ILA se centra en cambiar el sistema educativo ordinario y todas las medidas que propone van encaminadas a mejorar las condiciones para la inclusión en la escuela ordinaria y a dotarla de todos los recursos necesarios.  Únicamente garantizando estas condiciones previas, el alumnado con necesidades educativas especiales podrá ejercer su derecho a la educación inclusiva sin poner en riesgo su bienestar y su educación en ningún momento. Es, por tanto, de una colosal irresponsabilidad pretender dificultar la tramitación de esta proposición de ley con el objetivo de mantener la situación actual.

4.            La activación de la ILA por parte de los 43 ayuntamientos gobernados por todos los partidos políticos del arco parlamentario regional no se adscribe a ningún partido político en concreto. Se desarrolló técnicamente durante tres años gracias a la implicación de cientos de profesionales de la educación, tanto de la escuela ordinaria como de la educación especial, y a comunidades educativas enteras de ambas modalidades, hartos ya de contemplar los recortes en atención a la diversidad, de sufrir centros educativos gueto con más de un 90% de población en riesgo social, de claudicar ante la escolarización de alumnado en educación especial en contra de la decisión de la familia y de soportar la inacción de los gobiernos regionales.



Por tanto, consideramos urgente responder a las siguientes preguntas:

●     ¿Por qué en países como Portugal o Canadá han sido las familias de alumnado con diversidad funcional y los profesionales de la educación especial los que han impulsado la transición hacia un sistema educativo verdaderamente inclusivo y aquí se frena el debate?

●     ¿Por qué se está ocultando deliberadamente que la transición hacia un modelo de educación inclusiva no requiere necesariamente de la eliminación de los centros de educación especial, sino de la transformación de su organización?

●     Si en la Comunidad de Madrid existen 24 Centros de Educación Especial públicos y 41 privados-concertados, ¿por qué solo se están manifestando en contra de la ILA los sindicatos USO y FSIE, ambos vinculados al sector privado y privado-concertado?

●     ¿Por qué se atemoriza a miles de familias con discursos tremendistas y se las lanza de forma irresponsable contra una proposición de ley que pretende garantizar en la práctica los derechos que ya reconoce la legislación?


En democracia la libertad de expresión conlleva la responsabilidad de decir la verdad y la exigencia de tratar a la opinión pública como personas adultas. Desde nuestro compromiso con el derecho a la educación inclusiva de calidad, estaremos siempre a disposición de quienes quieran debatir al respecto.


Grupo promotor ILA Escolarización Inclusiva.


Contacto:
@ILPeinclusiva

sábado, 7 de julio de 2018

POSICIONAMIENTO ANTE EL DEBATE SOBRE EDUCACIÓN ESPECIAL

POSICIONAMIENTO DEL GRUPO PROMOTOR DE LA ILA ANTE EL DEBATE ABIERTO SOBRE LA EDUCACIÓN ESPECIAL
Desde el grupo promotor de la Iniciativa Legislativa de los Ayuntamientos (ILA) por una escolarización inclusiva queremos mostrar nuestra profunda preocupación por las informaciones difundidas los últimos días en relación con esta propuesta de ley, así como por la campaña de petición de firmas contra el cierre de los centros de educación especial.

Según dicha campaña, la Propuesta de ley de medidas prioritarias para la promoción de la escolarización inclusiva en el ámbito de la educación no universitaria en la Comunidad de Madrid -impulsada por 43 ayuntamientos, 233 entidades y aprobada por la Asamblea de Madrid con 80 votos a favor y 42 abstenciones- plantea la desaparición de los centros de Educación Especial, lo que ha generado, como no puede ser de otra manera, una enorme preocupación y malestar entre las familias y ciertos colectivos de la educación. Sin embargo, la ILA no plantea en ningún apartado el cierre de ningún centro educativo, ni específico ni ordinario. Por eso, una vez abierto el debate, consideramos urgente expresar lo siguiente:
1.       La ILA nace con el fin último de hacer cumplir el DERECHO FUNDAMENTAL DE LA INFANCIA A RECIBIR UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA. A pesar de que el derecho de todas las personas a educarse en el sistema educativo general sin ningún tipo de discriminación y con los apoyos necesarios está amparado en nuestro ordenamiento jurídico desde el año 2008, con la ratificación por parte del Estado Español de la Convención de las Naciones unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, el actual sistema educativo no facilita el ejercicio de este derecho. Recientemente, el Comité sobre los Derechos de las personas con Discapacidad de la ONU ha denunciado que nuestro sistema educativo no respeta los derechos de los niños y niñas, y que son necesarias iniciativas legales para mejorar las escuelas ordinarias y avanzar hacia una educación inclusiva de calidad.
2.       La ILA plantea esa transformación del actual sistema educativo pero solo desde la prudencia y de forma paulatina, con la mirada puesta siempre en las necesidades del alumnado, hasta conseguir que los niños y niñas con diversidad funcional puedan sentirse igual de acompañados y acogidos en la escuela ordinaria como lo están ahora en los centros de Educación Especial. La sólida fundamentación jurídica y la jurisprudencia que ampara el derecho a la educación inclusiva hacen que la transición hacia un modelo más inclusivo sea imperativa, pero plantear la transformación de los centros de Educación Especial sin asegurar previamente las condiciones necesarias en el sistema común sería una irresponsabilidad, como también lo es perpetuar el modelo educativo actual que vulnera sistemáticamente los derechos humanos. Dicha transformación se ha hecho exitosamente en el plazo de varios lustros en otros países, donde una parte del sistema de Educación Especial ha transferido sus excelentes recursos y su buen hacer a los centros ordinarios para atender adecuadamente a los niños y niñas con diversidad funcional en estos contextos.
3.       En este proceso de transformación paulatino, la ILA plantea aumentar los recursos y mejorar las culturas profesionales en los centros ordinarios para facilitar la inclusión, sin que suponga una reducción en los recursos para aquellos niños y niñas escolarizados en centros de Educación Especial. Hoy día, la educación ordinaria y la educación especial funcionan como un sistema de vasos comunicantes: cuantos menos recursos hay en el sistema ordinario, es decir, cuando más segregadora es la escuela ordinaria, más necesaria se muestra la modalidad de Educación Especial. Esta relación queda demostrada con la simple observación de las significativas diferencias existentes respecto a la implantación de la Educación Especial en las distintas Comunidades Autónomas.
4.       La ILA nació desde las comunidades educativas y se ha construido siempre desde el más profundo respeto a todas las familias, independientemente de la modalidad de escolarización de sus hijos e hijas. Lo que facilita esta ley es que las familias tengan realmente la opción de elegir un centro ordinario para sus hijos e hijas y que no se vean abocadas a irse a la educación especial porque en la ordinaria no se den las condiciones adecuadas para cubrir las necesidades específicas de todo el alumnado. Por ello, la ILA persigue asegurar las condiciones oportunas en la educación ordinaria que garanticen no solo la presencia de la diversidad, sino también el máximo bienestar y aprendizaje de todas las personas en las aulas comunes.
5.       Valoramos muy positivamente la labor que realizan los profesionales de los centros de Educación Especial de nuestra región y consideramos que tanto en la situación actual como en un futuro modelo inclusivo estos profesionales son y serán siempre imprescindibles en el sistema educativo.
6.       Consideramos que esta campaña de desinformación solo persigue generar alarma social entre las familias de los centros de Educación Especial para favorecer intereses ajenos al derecho a la educación de niños y niñas.
7.       Por ello, solicitamos la retirada de dicha campaña de recogida de firmas al entender que su argumentación es sesgada y distorsiona el objetivo final de la ILA con el fin de influir negativamente en el proceso institucional y democrático de tramitación de este proyecto de ley impulsado por 43 ayuntamientos que representan a más de 5 millones de personas.
8.       Al mismo tiempo, nos ponemos a disposición de las familias o cualquier colectivo que crea que la ILA ataca a sus intereses con el fin de debatir y construir juntos una sociedad inclusiva, empezando por la infancia.



Grupo promotor de la Iniciativa Legislativa de los Ayuntamientos por una escolarización inclusiva






Grupo promotor 
de la Iniciativa Legislativa de los Ayuntamientos 
por una escolarización inclusiva

@ILPeinclusiva
Iniciativa Legislativa Ayuntamientos Escolarización Inclusiva

martes, 22 de mayo de 2018

ENMIENDAS A LA ILA ESCOLARIZACIÓN INCLUSIVA

Ponemos a disposición de quien quiera las enmiendas registradas por los distintos partidos políticos de la Asamblea de Madrid. Además, realizaremos una asamblea abierta el próximo 28 de mayo a las 17:30h en el CEIP La Rioja (Vallecas), para analizarlas colectivamente.




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ENMIENDAS DEL PP


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ENMIENDAS DEL PSOE 





 

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ENMIENDAS DE PODEMOS





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ENMIENDAS DE CIUDADANOS