ILA ESCOLARIZACIÓN INCLUSIVA
COMUNICADO
El pasado mes de julio desde el grupo promotor de la Iniciativa Legislativa
de los Ayuntamientos (ILA) que ha impulsado la proposición de ley
17/2017 RGEP, 10978 de medidas prioritarias para la promoción de la
escolarización inclusiva se emitió un comunicado de prensa explicando nuestra posición acerca del falso
debate sobre los Centros de Educación Especial y lanzando un mensaje de
tranquilidad a las familias y a las personas que desempeñan su labor en dichos
centros. Sin embargo, y dado que la escalada de injurias contra esta
proposición de ley van en aumento, nos vemos en la obligación de reiterar
cuatro puntos para mayor conocimiento de la opinión pública.
- La activación de la ILA por parte de los 43 ayuntamientos que representan a más de 5 millones de madrileños y madrileñas es un acto de responsabilidad y de compromiso democrático para adaptar la normativa educativa regional a las exigencias del ordenamiento jurídico nacional e internacional con el único fin de que se garanticen los derechos fundamentales de todo el alumnado. Concretamente se trata de adaptar la normativa educativa a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que se ratificó en España en 2008 y que se incumple sistemáticamente desde entonces. En su artículo 24 la Convención establece el derecho a la educación inclusiva, es decir, el derecho de todas las personas a escolarizarse en el sistema general de educación con los ajustes y apoyos necesarios. Frenar la evolución del sistema educativo hacia modelos más inclusivos supone perpetuar la vulneración de los derechos fundamentales de miles de alumnos y alumnas que se verán abandonados por la administración y obligados a defenderse en los tribunales como lo están haciendo hasta ahora. (Sentencia del Tribunal Supremo 14/12/2017)
2.
La activación de la ILA responde, además, a un diagnóstico amplio y riguroso que
refleja la deriva segregadora a todos los niveles que tiene la educación
en nuestra región, tanto por motivos socioeconómicos, como por motivos de
capacidad. La Comunidad de Madrid tiene una tasa en torno al 20 % de escolarización de alumnado con
necesidades educativas especiales (ACNEE) en Centros de Educación Especial, un
dato muy superior respecto a otras comunidades autónomas como País Vasco o
Navarra que no llegan al 5%; por no hablar de países como Portugal, Canadá o
Italia que no alcanzan ni el 1% de escolarización de ACNEE en centros
especiales debido a la implementación decidida y exitosa de políticas de
educación inclusiva. Entendemos que estas grandes cifras no resulten
significativas para las familias concretas de niños y niñas ACNEE que ya han
sufrido durísimos procesos de exclusión, pero sí deberían hacer reflexionar a
las entidades que están anteponiendo sus intereses particulares al
imprescindible cambio educativo que tiene que darse en esta comunidad autónoma
y en este país.
3.
La activación de la ILA es un ejercicio de prudencia, porque aunque creemos que la evolución
hacia un sistema educativo verdaderamente inclusivo es imprescindible e
irreversible, también sabemos que actualmente el sistema educativo ordinario no
está preparado y dista mucho de ser inclusivo, dejando la Educación
Especial como único sistema de atención educativa para muchos niños y sus
familias. Precisamente por ello, la ILA se centra en cambiar el sistema
educativo ordinario y todas las medidas que propone van encaminadas a mejorar
las condiciones para la inclusión en la escuela ordinaria y a dotarla de todos
los recursos necesarios. Únicamente garantizando estas condiciones
previas, el alumnado con necesidades educativas especiales podrá ejercer su
derecho a la educación inclusiva sin poner en riesgo su bienestar y su
educación en ningún momento. Es, por tanto, de una colosal irresponsabilidad
pretender dificultar la tramitación de esta proposición de ley con el objetivo
de mantener la situación actual.
4.
La activación de la ILA por parte de los 43 ayuntamientos gobernados por
todos los partidos políticos del arco parlamentario regional no se adscribe a
ningún partido político en concreto. Se desarrolló técnicamente durante tres años gracias a la implicación de
cientos de profesionales de la educación, tanto de la escuela ordinaria como de
la educación especial, y a comunidades educativas enteras de ambas modalidades,
hartos ya de contemplar los recortes en atención a la diversidad, de sufrir
centros educativos gueto con más de un 90% de población en riesgo social, de
claudicar ante la escolarización de alumnado en educación especial en contra de
la decisión de la familia y de soportar la inacción de los gobiernos
regionales.
Por tanto, consideramos urgente responder a las siguientes preguntas:
●
¿Por qué en países como Portugal o Canadá han sido las
familias de alumnado con diversidad funcional y los profesionales de la
educación especial los que han impulsado la transición hacia un sistema
educativo verdaderamente inclusivo y aquí se frena el debate?
●
¿Por qué se está ocultando deliberadamente que
la transición hacia un modelo de educación inclusiva no requiere
necesariamente de la eliminación de los centros de educación especial, sino de
la transformación de su organización?
●
Si en la Comunidad de Madrid existen 24 Centros de
Educación Especial públicos y 41 privados-concertados, ¿por qué solo se
están manifestando en contra de la ILA los sindicatos USO y FSIE, ambos
vinculados al sector privado y privado-concertado?
●
¿Por qué se atemoriza a miles de familias con
discursos tremendistas y se las lanza de forma irresponsable contra una
proposición de ley que pretende garantizar en la práctica los derechos que ya
reconoce la legislación?
En democracia la libertad de expresión conlleva la responsabilidad de decir
la verdad y la exigencia de tratar a la opinión pública como personas adultas.
Desde nuestro compromiso con el derecho a la educación inclusiva de calidad,
estaremos siempre a disposición de quienes quieran debatir al respecto.
Grupo promotor ILA Escolarización Inclusiva.
Contacto:
@ILPeinclusiva
